10 claves para periodistas que cubren derechos de tenencia de la tierra
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO presenta el siguiente decálogo con el propósito de facilitar a los periodistas y medios de comunicación una mayor comprensión sobre los temas de gobernanza responsable y tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en Colombia. Siendo aliados estratégicos, los medios de comunicación cumplen funciones sociales como las de informar, formar y entretener. De esta manera, su papel es clave en la divulgación, promoción y posicionamiento de mensajes y herramientas, entre muchos otros, sobre derechos de tenencia, acceso equitativo a la tierra y el derecho humano a la alimentación.
Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de la tierra, la pesca y los bosques – DVGT o las Directrices, son una herramienta de movilización, sensibilización y promoción del diálogo político en los territorios, que al ser incorporadas en las agendas de distintos sectores como lo público, privado y social, requieren una amplia participación e integración para alcanzar su implementación. Lograr la equidad en el acceso, la tenencia y la seguridad jurídica sobre la tierra y el territorio es determinante para la superación de la pobreza y el hambre, principalmente en la población rural, étnica y campesina. Además, hace parte estructural del punto 1 del Acuerdo de Paz, firmado, entre el Gobierno y las FARC en 2016, que incluye la Reforma Rural Integral, cuyo propósito es la democratización de la tierra y el territorio con seguridad jurídica para quienes históricamente no han tenido o tienen insuficiente acceso y uso a ésta.
En relación con el acceso a la propiedad rural, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, así lo indica el informe del Banco Mundial de 2019, el cual reporta que el coeficiente de Gini está en 0,89 (0 significa total igualdad y 1 plena desigualdad). En el país predomina el latifundio improductivo, es decir la concentración y subutilización de tierras por parte de pocas personas. Según el IGAC, aproximadamente 1.300.000 propietarios, que corresponden al 25%, monopolizan el 95% de los predios rurales privados. Según Oxfam, el 81% de la extensión rural registrada en el país lo ocupan apenas el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño.
El Banco Mundial (2019) señaló que el 60% de la propiedad rural de Colombia requiere procesos de formalización que garanticen títulos de propiedad a tenedores informales de tierra. Estudios realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), citados por el DNP en 2016, señalan que los procesos de formalización se dificultan por las inconsistencias de información que presentan estas propiedades y la falta de estándares técnicos mínimos. Esta situación conlleva que se produzcan impactos ambientales por los cambios en la vocación de los usos del suelo. Según cifras del Censo Nacional Agropecuario (2016), de 43,1 millones de hectáreas destinadas para la agricultura, 34,4 millones son utilizadas en la cría de animales, entre estas la ganadería extensiva.
Adicionalmente, el 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes manifiestan no conocer el origen legal de sus terrenos. Por su parte, las mujeres son uno de los grupos poblacionales más afectados, las mujeres son titulares de solo del 26% de las unidades productivas y sus explotaciones son más pequeñas, predominan las de menos de cinco hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica.
La seguridad jurídica sobre la tierra y el territorio es un mecanismo que además blinda a las comunidades campesinas y étnicas frente a procesos de despojo. También le da garantías a los Gobiernos locales y nacionales para trazar planes de desarrollo en coherencia con los derechos territoriales y ofrece condiciones para que la inversión se realice sobre la claridad del origen de la propiedad.
Luego de la firma del Acuerdo Final en 2016 y hasta febrero de 2020 el país había formalizado 10.554 hectáreas de las 7.000.000 a las que se comprometió, y esos procesos no incluyen la formalización de las Zonas de Reserva Campesina, ni los territorios colectivos étnicos priorizados. De acuerdo con un comunicado de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la mayoría de solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos hechas ante la Agencia Nacional de Tierras tienen entre 10 y 20 años de haberse radicado sin que a la fecha se hayan presentado avances significativos.
Durante años, los medios de comunicación y la prensa especializada, han venido esforzándose por comprender y explicar aún más los factores que subyacen al conflicto armado y a la complejidad social que se expresa en la pobreza, el hambre, el desplazamiento forzado, la estigmatización y muchas formas de violencia. Las claves presentadas a continuación, se recomiendan a periodistas y medios de comunicación para ser tenidas en cuenta en el abordaje analítico y la información que elaboren, con nuevos ángulos, sobre asuntos de tierras. Estas se basan en las Directrices adoptadas en el seno de las Naciones Unidas, con una determinante participación de organizaciones de la sociedad civil y de los Estados que hacen parte:
Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de la tierra, la pesca y los bosques – DVGT o las Directrices, son una herramienta de movilización, sensibilización y promoción del diálogo político en los territorios, que al ser incorporadas en las agendas de distintos sectores como lo público, privado y social, requieren una amplia participación e integración para alcanzar su implementación. Lograr la equidad en el acceso, la tenencia y la seguridad jurídica sobre la tierra y el territorio es determinante para la superación de la pobreza y el hambre, principalmente en la población rural, étnica y campesina. Además, hace parte estructural del punto 1 del Acuerdo de Paz, firmado, entre el Gobierno y las FARC en 2016, que incluye la Reforma Rural Integral, cuyo propósito es la democratización de la tierra y el territorio con seguridad jurídica para quienes históricamente no han tenido o tienen insuficiente acceso y uso a ésta.
En relación con el acceso a la propiedad rural, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, así lo indica el informe del Banco Mundial de 2019, el cual reporta que el coeficiente de Gini está en 0,89 (0 significa total igualdad y 1 plena desigualdad). En el país predomina el latifundio improductivo, es decir la concentración y subutilización de tierras por parte de pocas personas. Según el IGAC, aproximadamente 1.300.000 propietarios, que corresponden al 25%, monopolizan el 95% de los predios rurales privados. Según Oxfam, el 81% de la extensión rural registrada en el país lo ocupan apenas el 1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño.
El Banco Mundial (2019) señaló que el 60% de la propiedad rural de Colombia requiere procesos de formalización que garanticen títulos de propiedad a tenedores informales de tierra. Estudios realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), citados por el DNP en 2016, señalan que los procesos de formalización se dificultan por las inconsistencias de información que presentan estas propiedades y la falta de estándares técnicos mínimos. Esta situación conlleva que se produzcan impactos ambientales por los cambios en la vocación de los usos del suelo. Según cifras del Censo Nacional Agropecuario (2016), de 43,1 millones de hectáreas destinadas para la agricultura, 34,4 millones son utilizadas en la cría de animales, entre estas la ganadería extensiva.
Adicionalmente, el 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes manifiestan no conocer el origen legal de sus terrenos. Por su parte, las mujeres son uno de los grupos poblacionales más afectados, las mujeres son titulares de solo del 26% de las unidades productivas y sus explotaciones son más pequeñas, predominan las de menos de cinco hectáreas, con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica.
La seguridad jurídica sobre la tierra y el territorio es un mecanismo que además blinda a las comunidades campesinas y étnicas frente a procesos de despojo. También le da garantías a los Gobiernos locales y nacionales para trazar planes de desarrollo en coherencia con los derechos territoriales y ofrece condiciones para que la inversión se realice sobre la claridad del origen de la propiedad.
Luego de la firma del Acuerdo Final en 2016 y hasta febrero de 2020 el país había formalizado 10.554 hectáreas de las 7.000.000 a las que se comprometió, y esos procesos no incluyen la formalización de las Zonas de Reserva Campesina, ni los territorios colectivos étnicos priorizados. De acuerdo con un comunicado de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la mayoría de solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos hechas ante la Agencia Nacional de Tierras tienen entre 10 y 20 años de haberse radicado sin que a la fecha se hayan presentado avances significativos.
Durante años, los medios de comunicación y la prensa especializada, han venido esforzándose por comprender y explicar aún más los factores que subyacen al conflicto armado y a la complejidad social que se expresa en la pobreza, el hambre, el desplazamiento forzado, la estigmatización y muchas formas de violencia. Las claves presentadas a continuación, se recomiendan a periodistas y medios de comunicación para ser tenidas en cuenta en el abordaje analítico y la información que elaboren, con nuevos ángulos, sobre asuntos de tierras. Estas se basan en las Directrices adoptadas en el seno de las Naciones Unidas, con una determinante participación de organizaciones de la sociedad civil y de los Estados que hacen parte:
El abordaje de los asuntos de tenencia no se limita a la tierra
Si bien la tenencia de la tierra es un asunto central y transversal, también existen disputas por el acceso y control de otros bienes y recursos naturales, como las pesquerías y los bosques que, en algunos casos, desembocan en conflictos socioambientales. Tener en cuenta y comprenderlo, permitirá proponer nuevas historias, y contribuir a mejorar las condiciones y los medios de vida de personas y comunidades que se ven afectadas por dichos conflictos. Las Directrices plantean una visión amplia de los asuntos de tenencia que permiten lecturas más profundas e integrales.
La comunicación de otras formas de cuidado del ambiente y de relacionamiento de los habitantes con los recursos naturales y el territorio
Se deben tener en cuenta y dar a conocer. Las Directrices proveen información útil para comprender y dar a conocer aquellas que desarrollan pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes u otras comunidades con sistemas de tenencia informal o basados en las costumbres. Es responsabilidad de las inversiones privadas promover el cuidado y la prevención frente al despojo de los poseedores de derechos legítimos de tenencia y los daños al medio ambiente.
La visibilización del rol intransferible del Estado
Ayuda a fomentar y facilitar la plena realización de los derechos de tenencia o transacciones de derechos, así como a prevenir las disputas relacionadas con la tenencia, los conflictos violentos y la corrupción. Al Estado le compete reconocer y respetar a los titulares legítimos y sus derechos de tenencia, y salvaguardarlos frente a las acciones que puedan amenazarlos. Es también su responsabilidad, hacer públicos los inventarios con información actualizada y accesible, preferiblemente en un sistema de registro único que incluya cuáles son de su propiedad o están bajo su control, cuáles de grupos étnicos u otras comunidades, con sistemas de tenencia tradicionales y cuáles del sector privado. Las Directrices dan lineamientos y recomendaciones para que el Estado contribuya a resolver asuntos de posesión de tierras, pesquerías y bosques que los periodistas podrían verificar.
La identificación, reconocimiento y análisis de los derechos humanos y de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques
Es un ejercicio necesario para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la disminución del hambre y la pobreza, en especial, de la población rural vulnerable. Las Directrices aportan, complementan y respaldan las obligaciones legales del Estado en virtud del derecho internacional.
Algunos derechos de la tenencia sobre los que investigar y narrar son:
- La identificación, el registro y el reconocimiento jurídico de los titulares de derechos, entre ellos, los pueblos indígenas, comunidades con sistemas tradicionales de tenencia y el sector privado
- La propiedad
- La seguridad jurídica
- El acceso a los servicios
- Heredar y legar
- Disponer de salvaguardas y procesos de reparación en los casos a que haya lugar.
La visibilización de los derechos territoriales de grupos étnicos
Es una forma de promover la protección de la relación que tienen los pueblos y comunidades étnicas desde su ancestralidad con sus territorios, y que constituye la base fundamental de la realización y pervivencia de sus culturas. Las Directrices fomentan el reconocimiento del valor social, cultural, espiritual, ambiental, económico y político que tiene la tierra para los grupos étnicos y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia.
Algunos derechos territoriales étnicos sobre los que volver la mirada son:
- Derecho a la Propiedad Colectiva
- Formalización y la provisión de seguridad jurídica a los territorios colectivos, a través de su titulación a las comunidades, con celeridad.
- Acceso y dotación de territorios para las comunidades que carezcan de estos o no tengan suficientes para su desarrollo integral. Implica compra de predios y titulación de estos a comunidades
- Derecho a la protección de la territorialidad ancestral indígena
- Derecho al uso y acceso a sitios sagrados
- Ejercicio al Gobierno y a la autoridad ambiental sobre el territorio
- Derecho a la autonomía y al Gobierno Propio sobre los territorios indígenas
- Derecho a la protección territorial en el marco del Conflicto Armado
- Derecho a la participación en las decisiones que afecten sus territorios y demás elementos de los derechos territoriales
- Derechos Bioculturales: categoría especial que unifica sus derechos a los recursos naturales y a la cultura, entendiéndolos integrados e interrelacionados
El reconocimiento del rol y los derechos de las mujeres en los asuntos de tenencia
Es fundamental para garantizar su acceso a la tierra, las pesquerías y los bosques, en equidad y justicia social, para lograr la igualdad de mujeres y hombres en el disfrute de estos derechos. A las mujeres rurales, mujeres campesinas, indígenas, agricultoras y pescadoras, se les reconocen poco sus derechos sobre la tierra legalmente y, con frecuencia, son excluidas de la posesión o herencia de dichos recursos. Ellas desempeñan un papel fundamental para la sostenibilidad y protección de los medios de vida de sus familias y comunidades, y contribuyen a la producción de alimentos mediante su trabajo y profundo conocimiento acerca del territorio, la tierra, su biodiversidad, y otros recursos naturales. Las Directrices orientan a los Estados para asegurar que las mujeres y las niñas tengan los mismos derechos de tenencia y acceso, con independencia de su estado civil.
El valor otorgado a las distintas miradas
Sociales, institucionales y privadas, en torno al uso y control de los bienes y recursos naturales, permite plantear alternativas para abordar y transformar conflictos. Reconocer la voz diferenciada de las comunidades, como protagonistas en los temas de tenencia, siempre va a ser relevante e innovador, ya que permite a los periodistas contar historias que atraen diversos públicos; a la vez que ayuda a comunidades a posicionar su voz para participar e incidir en la toma de decisiones. Sus relatos son los rostros de esas realidades que están consignadas en números o documentos y dan paso a la memoria, entender las raíces históricas de un problema, las reclamaciones frente al cumplimiento de los derechos, la participación en busca de soluciones y fortalece la democracia. Las Directrices promueven la construcción conjunta de estrategias, políticas y leyes para resolver los problemas de tenencia segura, acceso equitativo y uso de la tierra por parte de todas las personas, en especial, de aquellas que se encuentran en mayor nivel de marginalidad y vulnerabilidad, como es el caso de mujeres y niñas.
La narración de hechos a través de formas creativas
Como la elaboración de material multimedia, audios, fotos y datos infografiados, son de gran utilidad para comunicar este tipo de contenidos y hacerse entender. Con la información, datos y/o material audiovisual acopiado durante la reportería, se podrían desarrollar además de textos periodísticos, diversos productos transmedia que lleguen a más audiencias. A la vez, sumar manos y talentos de reporteros en diversas regiones o países permitirá desarrollar trabajos periodísticos de alto impacto que podrán ponerse a disposición de la ciudadanía, facilitar el acceso público para su consulta y promover así la participación ciudadana.
Identificar y comunicar buenas prácticas de gobernanza de tenencia de la tierra
Hace parte de la labor social y el compromiso con la formación de la opinión pública y la sensibilización de la ciudadanía. Esto contribuye a resolver y dar respuesta a las necesidades y problemas de las comunidades visibilizando y comunicando estratégicamente, principios que suelen ser utilizadas en el periodismo de soluciones. Por ejemplo, las acciones que diseñan y realizan actores locales, regionales y nacionales sociales e institucionales para garantizar el ejercicio de los derechos de tenencia de forma responsable, equitativa, transparente y sostenible. Pueden destacarse procesos de acceso, formalización, titulación y gestión territorial, entre otros. La información de calidad genera más confianza hacia el medio y moviliza a la ciudadanía.
Las fuentes de consulta especializadas y las personas expertas
Pueden arrojar nuevas luces para cubrir los asuntos de tenencia de la tierra, pesca y bosques, puesto que este ejercicio requiere un abordaje profundo, plural e integral. La obtención, comparación y análisis de múltiples datos y cifras, permite comprender con mayor profundidad el problema, encontrar fuentes sólidas a las cuales volver e incluso, identificar posibles debilidades o inconsistencias en bases de datos. Las Directrices se pueden convertir en una fuente de consulta especializada y, por lo tanto, de lectura obligatoria que aporta un marco normativo de referencia y ofrece recomendaciones específicas sobre derechos, responsabilidades, administración de la tenencia, y respuesta al cambio climático y a situaciones de emergencia. Así mismo, vale la pena acudir a expertos de distintas disciplinas, pues sus experiencias aportan en la calidad del contraste y análisis de textos y piezas periodísticas sobre estos temas. El personal de FAO cuenta con lecturas regionales e internacionales, conoce las Directrices y está en disposición de ayudarle a hacer pedagogía para sus audiencias sobre estos temas.
Fuentes consultadas
- https://viacampesina.org/
- https://sostenibilidad.semana.com/
- https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/
- https://semanarural.com/
- Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. (FAO 2012). Ver más
¿Cuál es el origen de las DVGT?
En 2012 se pactan en Roma las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (en lo sucesivo las DVGT o las Directrices). El propósito: contar con un mecanismo que procure una mayor igualdad en la tenencia de la tierra.
Las DVGT son el producto de un consenso internacional, construido entre la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado, que aporta un marco normativo para ser utilizado por distintos actores y desarrollar estrategias, políticas y leyes para resolver los problemas de tenencia, acceso y uso de la tierra.
Las Directrices fueron promovidas por las Organizaciones de la Sociedad Civil -OSC- para proporcionar un marco de referencia y una herramienta que contribuya a resolver los problemas de tenencia de tierras. Desde su aprobación, la FAO las impulsa para lograr una tenencia segura y un acceso equitativo a la tierra por parte de todas las personas, en especial, de aquellas que se encuentran en mayor nivel de marginalidad y vulnerabilidad.
Aunque las DVGT son de carácter voluntario, se inscriben en los marcos normativos de los Estados los cuales promueven la garantía de derechos para todas las personas en especial las más vulnerables.
¿Por qué se construyeron?
Por la persistencia de la desigualdad en el derecho a la tierra, la falta de reconocimiento de las distintas formas de tenencia, la presión que existe sobre las instituciones encargadas de la gestión, las limitadas capacidades y herramientas para la resolución de conflictos, la creciente competencia sobre los recursos naturales, la inseguridad alimentaria, los desplazamientos forzados, los costosos y complejos procedimientos para el reconocimiento de los derechos sobre la tierra, la discriminación, los desalojos, la falta de consulta y participación de las comunidades en el acceso, uso y control de los recursos, la falta de transparencia, entre otros problemas, que requerían la definición de lineamientos concretos que ayudaran a resolver estos asuntos, como aporte a la erradicación del hambre y la pobreza, al desarrollo sostenible y al mejoramiento del medio ambiente.
¿Quiénes pueden usar las Directrices?
Las DVGT pueden ser usadas por los Estados (nacionales, regionales y locales), empresas e inversionistas privados, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
A los Estados, las Directrices voluntarias de gobernanza de la tierra, les proporcionan de manera práctica, marcos conceptuales, jurídicos y organizativos; alcances y lineamientos prácticos para abordar distintos temas relacionados con el reconocimiento jurídico y la asignación de derechos y deberes de tenencia; prestación de servicios; administración de la tenencia en relación con registros, valoración, tributación, ordenamiento reglamentado del territorio, solución de controversias sobre la tenencia y asuntos transfronterizos; y respuestas al cambio climático y a situaciones de emergencia que incluyen desastres naturales.
Las empresas y los inversionistas privados encuentran herramientas a tener en cuenta en relación con las transferencias y otros cambios en los derechos y deberes de tenencia, los mercados, las inversiones, la concentración parcelaria; y otros enfoques de reajuste, restitución, reformas redistributivas e incluso expropiación y compensación.
Por su parte, las OSC y los medios de comunicación, son actores imprescindibles para la promoción, seguimiento y evaluación de la implementación de las Directrices. Adicionalmente, al incorporar las Directrices, pueden profundizar en el análisis de la problemática de los derechos humanos de la población urbana y rural, en la medida en que las DVGT, ofrecen recomendaciones específicas para abordar los asuntos de tenencia, al tiempo que aportan elementos técnicos para visibilizar otras formas de cuidado del ambiente y del relacionamiento de los habitantes con los recursos naturales y el territorio.
¿Por qué la FAO promueve las DVGT?
La FAO promueve la socialización e incorporación de las Directrices mediante el acompañamiento a organizaciones sociales y entidades que participan en la transformación de los territorios, a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET-, en el marco de la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz.
Para la FAO Colombia es importante reconocer el rol que desempeñan distintos actores en el territorio, su capacidad para dinamizar y gestionar sus propios asuntos, y las contribuciones que hacen al desarrollo territorial y a la protección de lugares estratégicos para la preservación de la vida.
Fuentes para consultar sobre asuntos de tenencia de tierras, pesca y bosques
Los asuntos de tenencia de la tierra en Colombia han sido abordados de manera amplia y desde diferentes disciplinas, por lo que las fuentes de consulta son diversas, se encuentran académicas, oficiales, normativas y jurisprudenciales, así como de organizaciones no gubernamentales dedicadas a investigar y documentar estos temas. Algunas de las principales fuentes de consulta son:
Recursos de las DVGTs en Colombia
- Gobernanza de la tenencia: Ver más
- Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. (FAO 2012). Ver más
- Ortega-Espés, Delphine et.al. Manual Popular de las Directrices sobre la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques. Guía para la promoción, la aplicación, el monitoreo y la evaluación. (Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria – CIP2015). Ver más
Normatividad sobre asuntos de tierra en Colombia
- Ley 21 de 1991: por medio de ésta se aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre comunidades étnicas y tribales, el cuál establece la necesidad de consultar a las comunidades étnicas.
- Artículos 55, 58, 63, 64 y 102 de la Constitución Política de Colombia de 1991: éstos originan el desarrollo actual, legal y administrativo, sobre el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos étnicos.
- Ley 70 de 1993: con ésta se reconoce a las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva.
- Ley 160 de1994: por medio de ésta se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 902 de 2017: con éste se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, Punto 1 del Acuerdo de Paz.
- Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 que tratan de la reparación integral a víctimas de la violencia, étnicas. Capítulos especiales dedicados a la restitución de derechos territoriales.
- Autos de seguimiento 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional Colombiana: Sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado.
- Jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de tenencia, especialmente dedicada a grupos étnicos.
Principales entidades estatales encargadas de los asuntos de tierra en Colombia
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial. El IGAC cuenta con el Sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial nacional (SIG-OT) Ver más
- Agencia Nacional de Tierras (ANT): es la máxima autoridad en materia de tierras y establece por objeto la ejecución de la política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR), formulada por el Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). A su vez, el artículo 19 de este mismo Decreto consagra entre las funciones de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, adscrita a la ANT, la de “dirigir la ejecución de los componentes de formalización de la propiedad rural y aprobar las rutas jurídicas necesarias para corregir las situaciones informales e irregulares identificadas en la caracterización jurídica de los predios”.
- Agencia de Renovación del Territorio (ART): se encargada de la intervención de entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales de Colombia que han sido afectadas por el conflicto y priorizadas por el Gobierno Nacional, mediante acciones dirigidas a la renovación territorial.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): es la máxima autoridad ambiental en Colombia. Su función es regir, orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio nacional a través de políticas dirigidas a la recuperación, conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente del país.
- Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): son la máxima autoridad ambiental a nivel regional y están encargadas de la planificación ambiental dentro de su jurisdicción. En Colombia existen 33 CAR distribuidas de acuerdo con unidades que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica.
Observatorios sobre asuntos de tenencia de la tierra en Colombia
- Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria (ORRDPA): Es una red de investigación interdisciplinaria enfocada en el tema de tierras, desde los procesos de restitución de tierras, los derechos de propiedad sobre la tierra y su relación con el conflicto armado, el sistema político y el Estado. Ha publicado varios documentos relacionados con la temática. Ver más
- Observatorio de Tierras de la Universidad de la Amazonía: ha trabajado temas asociados a la formalización de la propiedad, el ordenamiento social y ambiental del territorio, la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, la realinderación de la frontera agraria, la disposición y titulación de baldíos, en el marco del Acuerdo de Paz Ver más
- Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos: adscrito al Departamento de Desarrollo Rural y Regional de Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana, constituye una instancia de investigación y acompañamiento. Está enfocado en investigar asuntos concernientes al proceso de reconocimiento, ordenamiento, gobierno propio, titulación colectiva y protección de la territorialidad de comunidades étnicas y campesinas Ver más
- Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO): Es un centro de investigación de la Universidad de Los Andes enfocado en la región de la Orinoquía. Investiga sobre varias líneas de trabajo y de manera transversal aborda temas de tenencia de la tierra y construcción de paz. Ver más